LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA EN COLOMBIA: UN MARCO OBSOLETO FRENTE A LA REALIDAD DEMOGRÁFICA

LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA EN COLOMBIA: UN MARCO OBSOLETO FRENTE A LA REALIDAD DEMOGRÁFICA

Por: Gustavo López, @maestropensante, @elprofegus

http://maestropensante.blogspot.com, Maestro Pensante Colombia y Latinoamérica

Activista Sindical, Colectivo La Roja

En mi trayectoria de más de 16 años como educador y observador crítico del sistema educativo colombiano, he sido testigo de cómo la rigidez normativa se ha convertido en un obstáculo para la adaptación a nuevas realidades. La disminución de la población estudiantil en Bogotá no es una tendencia pasajera, sino una realidad demográfica que exige replantear urgentemente los decretos 1850 de 2002, 1860 de 1994 y 3020 de 2002, así como la implementación de la Jornada Única establecida mediante el Decreto 501 de 2016.

Un marco legal anclado en otra época

Los parámetros establecidos en el Decreto 3020 de 2002 (Ministerio de Educación Nacional, 2002) que fijan la relación alumno-docente en 32 estudiantes para zonas urbanas corresponden a una época de expansión demográfica que ya no existe. Esta fórmula matemática, aplicada con rigidez, está provocando una contradicción absurda: aulas vacías o con pocos estudiantes y docentes despedidos, o aulas muy llenas por fusiones de cursos que ocasionan entrega de docentes, mientras proclamamos buscar una educación de calidad.

Por otra parte, el Decreto 449 de 2006, que es el Plan Maestro de Equipamientos Educativos de Bogotá, que adopta en gran medida la norma Técnica NTC 4595, define relaciones técnicas, entre otros, de los espacios escolares. Allí las aulas quedan definidas (implícitamente) con un mínimo de estudiantes que estaría enmarcado por el decreto 3020, o si el área es menor, incluso podría ser por debajo de ese parámetro, y al mismo tiempo pone un máximo en 40 estudiantes, independientemente del tamaño del espacio o del área. Sin embargo, en Bogotá esto se aplica como se considera de acuerdo a algunos lugares, porque esa relación en algunos colegios se omite por lo alto, es decir, se atiende a más de 40 estudiantes por curso; en algunos casos la norma “se omite” o “no importa”, mientras que en otros lugares se atiende en áreas muy grandes a menos de 32 estudiantes. Eso implica que, mientras en un lugar sobran estudiantes por área o espacio, pues no caben, no tienen suficiente mobiliario o están hacinados, en la práctica esos estudiantes “garantizan” el parámetro de docentes, aunque esto implique sostener su espacio laboral a costa de tener cursos muy grandes, lo que a su vez impacta la salud física y emocional de los maestros y maestras. Al mismo tiempo, en otros colegios "sobran" profesores por parámetro, mientras que al mismo tiempo sobra espacio para estudiantes por áreas o espacio.

La disminución del parámetro del 3020 definitivamente armonizaría estas dos situaciones, pues permitiría un equilibrio sano. Es decir, cursos con menos niños en espacios acordes a la cantidad de estudiantes, sin necesidad de cerrar o fusionar cursos (que origina cursos enormes) y sin necesidad de entregar o despedir maestros y maestras.

¿Acaso no es evidente que grupos más pequeños permiten una atención más personalizada? La investigación educativa internacional ha demostrado repetidamente que la reducción del tamaño de los grupos mejora significativamente los resultados académicos. Sin embargo, nuestra normatividad sigue tratando la relación alumno-docente como una simple ecuación de eficiencia económica, no pedagógica.

El espejismo de la eficiencia administrativa

El sistema actual, regido por el Decreto 1850 de 2002 (Ministerio de Educación Nacional, 2002) que establece la organización de la jornada escolar y laboral, y el Decreto 1860 de 1994 (Ministerio de Educación Nacional,1994) que reglamenta aspectos pedagógicos y organizativos, castiga a las instituciones que no alcanzan los mínimos de estudiantes con la reducción de su planta docente, generando un círculo vicioso: menos docentes llevan a una oferta educativa más limitada, lo que a su vez atrae a menos familias, reduciendo aún más la matrícula. Este enfoque cortoplacista amenaza con desmantelar instituciones educativas que han sido pilares de sus comunidades durante décadas.

En mi reciente experiencia como directivo docente, he visto cómo la preocupación por cumplir con los parámetros numéricos del 3020 desplaza lo verdaderamente importante: la calidad de los procesos pedagógicos. La obsesión por los indicadores cuantitativos nos está haciendo perder el horizonte de la educación como derecho fundamental.

Jornada Única: una implementación contradictoria

La transición de dos jornadas a Jornada Única, establecida mediante el Decreto 501 de 2016 (Ministerio de Educación Nacional, 2016) y posteriormente modificada por el Decreto 2105 de 2017 (Ministerio de Educación Nacional, 2017), se ha convertido en un proceso traumático. Por un lado, el gobierno promueve la Jornada Única como política de calidad; por otro, el mismo marco normativo hace inviable su implementación en instituciones con baja matrícula. El efecto real ha sido la concentración de estudiantes en menos instituciones, el cierre de sedes y el desplazamiento de docentes experimentados.

He presenciado cómo colegios que funcionaban efectivamente con dos jornadas, al pasar a Jornada Única con los mismos parámetros del 3020, terminan reduciendo a la mitad su capacidad de atención, dejando infraestructura subutilizada y generando incertidumbre laboral entre los docentes. ¿Cómo explicamos esta contradicción a las comunidades educativas?

La urgencia de un nuevo marco normativo

Colombia necesita urgentemente un nuevo marco normativo que:

1. Reconozca el valor pedagógico de los grupos reducidos y ajuste la relación alumno-docente a estándares que prioricen la calidad (20-25 estudiantes por docente).
2. Establezca parámetros diferenciados para instituciones en Jornada Única que reconozcan el mayor requerimiento de docentes por estudiante.
3. Proteja la estabilidad de las plantas docentes en contextos de fluctuación demográfica, permitiendo que la reducción se dé por procesos naturales (jubilaciones, traslados voluntarios) y no por despidos.
4. Aproveche la reducción de población estudiantil como una oportunidad para mejorar condiciones de aprendizaje, no como excusa para recortar la inversión educativa.

El costo de la inacción

Mantener el statu quo normativo tendrá consecuencias graves. Estamos desperdiciando una oportunidad histórica de mejorar nuestros indicadores educativos aprovechando la reducción natural de estudiantes por aula. El costo de modificar estos decretos es mínimo comparado con el beneficio potencial de una generación mejor educada.

La rigidez en la aplicación de parámetros como los del Decreto 3020 está resultando más costosa que su flexibilización. Cada docente experimentado que perdemos representa décadas de experiencia pedagógica irrecuperable. Cada institución que cierra o fusiona representa el debilitamiento del tejido social en un territorio.

Una transformación necesaria, no una opción

No podemos seguir aplicando criterios administrativos de los años 90 a la realidad educativa del siglo XXI. La modificación de estos decretos no es un capricho gremial ni un gasto injustificado; es una necesidad impostergable para adaptar nuestro sistema educativo a la nueva demografía y a las exigencias de calidad que nuestra sociedad demanda.

Como sociedad, debemos decidir si queremos un sistema educativo que se adapte mecánicamente a las fluctuaciones demográficas o uno que aproveche estas transformaciones para dar un salto cualitativo. La respuesta, para quienes conocemos la realidad de las aulas, es evidente.

Es hora de actuar antes de que sea demasiado tarde. Nuestros estudiantes, docentes y la calidad educativa del país no pueden seguir siendo rehenes de un marco normativo obsoleto que se niega a reconocer la realidad demográfica del siglo XXI.

Referencias

Ministerio de Educación Nacional. (1994). Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. Bogotá, Colombia.

Ministerio de Educación Nacional. (2002a). Decreto 1850 de 2002. Por el cual se reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales. Bogotá, Colombia.

Ministerio de Educación Nacional. (2002b). Decreto 3020 de 2002. Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal docente y administrativo del servicio educativo estatal. Bogotá, Colombia.

Ministerio de Educación Nacional. (2016). Decreto 501 de 2016. Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación para reglamentar la Jornada Única. Bogotá, Colombia.

Ministerio de Educación Nacional. (2017). Decreto 2105 de 2017. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015. Bogotá, Colombia.

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